Ha pasado un mes de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Aunque poco a poco se ha ido reactivando el tránsito vehicular y comercial en los puentes internacionales, aún son muchos los retos que deben asumir las dos naciones para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela y diseñar e implementar políticas públicas que respondan a sus necesidades.
Si bien el camino por recorrer es largo, a la vez es apremiante y exigente. Por ejemplo, frente a las distintas problemáticas que enfrenta la población migrante venezolana en nuestro país, la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes (CJM) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Laura Dib Ayesta, explica que, en su opinión, la principal dificultad sigue siendo el acceso a la regularización migratoria, que, a su vez, es la puerta de entrada para el ejercicio de los demás derechos en Colombia.
Aplaude la creación, en el 2021, del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV), con el cual se ha buscado documentar las características de la población venezolana en el país. Lo considera una medida muy positiva para la regularización migratoria de la población proveniente de Venezuela; sin embargo, considera que tiene limitaciones temporales que impiden que en este momento muchas personas puedan acogerse a el, lo que repercute directamente en el acceso a la salud, a productos y servicios financieros, a un empleo y a instituciones de educación técnica y superior.
“Aquellas personas que ingresaron a Colombia -y siguen ingresando- después de febrero del 2021 sin sellar su pasaporte, no pueden acogerse a esta medida de regularización migratoria y tampoco pueden acceder a una visa. Además, las personas venezolanas enfrentan múltiples barreras para acceder a documentos oficiales en su país, entre ellos el pasaporte, debido al mal funcionamiento de las autoridades encargadas en ese país, así como a los elevados costos. El pasaporte en Venezuela tiene un costo aproximado de USD $200, cuando el salario mínimo de ese país no llega a los USD $5”, explica la académica.
¿Qué más se espera?
Aparte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, con la reapertura de la frontera desde el pasado septiembre, la Clínica Jurídica para Migrantes (CJM) considera de suma importancia la reactivación de servicios consulares en ambos países. “Por ejemplo, las personas venezolanas en Colombia hasta ahora no han podido acceder desde aquí a pasaportes, registrar a niños y niñas nacidas en Colombia como venezolanos, acceder a documentos oficiales apostillados o buscar cooperación judicial en procesos que involucren a los sistemas jurídicos de ambos países”, agrega la abogada Dib.
Independientemente del momento político del que se trate, la prioridad de la CJM es velar porque se garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y colombianas retornadas. Por ello, considera que Migración Colombia debe dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por Colombia, entre las que destaca el principio de no devolución de personas que tienen un temor fundado de volver a sus países de origen cuando su vida, integridad o libertad personal corran peligro, como consecuencia de persecución u otras violaciones graves a sus derechos humanos.
“Según el CONPES 4100 de 2022, para el 30 de abril de 2022 había un acumulado de 42.106 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiados radicadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, de las cuales el 98.80 % corresponde a personas de nacionalidad venezolana. Estas solicitudes deberán ser resueltas en cumplimiento de las normas internas y de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo”, anota la directora de la CJM.
Asimismo, Migración Colombia debe respetar las garantías del debido proceso en las sanciones migratorias como deportaciones y expulsiones, especialmente cuando se invoca como causal para ello la seguridad nacional. “Este ha sido un tema sobre el que la Clínica ha trabajado desde su nacimiento en el 2019 y continuaremos velando por la protección de los derechos humanos en el marco de procedimientos sancionatorios de carácter migratorio”.
Precisamente, uno de los momentos hito de la CJM fue la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia SU-397/21, “referente al caso de las personas que fueron expulsadas de forma masiva y arbitraria en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar en Colombia en 2019 y que la Clínica acompañó desde entonces”. En esa sentencia la Corte amparó el derecho al debido proceso administrativo y a la dignidad humana de los accionantes y con base en fuentes del derecho internacional de los derechos humanos se pronunció por primera vez sobre la inconstitucionalidad de las expulsiones de carácter colectivo.
Otros temas prioritarios que deben tratar las dos naciones de manera apremiante tienen que ver con las causas de la migración forzada proveniente de Venezuela, garantizar el diálogo entre autoridades para la localización de las familias de niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, la identificación de redes de tráfico y trata de migrantes que operan en los dos países y cómo el conflicto armado colombiano y la presencia de grupos armados en territorio venezolano tienen un impacto acentuado sobre las personas en situación de movilidad humana entre ambas naciones.
Cabe destacar que el trabajo que realiza la CJM no se limita a una sola nacionalidad. Sin embargo, la mayoría de usuarios que hacen uso de sus servicios provienen de Venezuela. Todas las personas migrantes, refugiadas y retornadas que lo requieran podrán acudir a la Clínica Jurídica para recibir servicios legales gratuitos y participar en talleres de empoderamiento legal o pedagogía para conocer cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos en Colombia.
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