Durante el conversatorio “El rol del Derecho ante la emergencia climática”, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuestionó a académicos y asistentes sobre la necesidad de crear una jurisdicción ambiental especializada para dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú.
Esto, según indicó, partiendo del hecho de que el Acuerdo de Escazú -ratificado recientemente por el Gobierno nacional- es una valiosa oportunidad para acercar el Derecho a los problemas de cambio climático en el país y refiriéndose al Artículo 8 de dicho Acuerdo, que trata específicamente sobre el acceso a la justicia ambiental que, en su opinión, permite contemplar la creación de una jurisdicción ambiental especializada.
“Tenemos un andamiaje judicial y de apertura a reclamos de los ciudadanos que podríamos considerarlo suficiente. Pero creo que el Estado colombiano no puede descansar en ese discurso porque ese andamiaje judicial no ha dado los resultados que quisiéramos”, indicó el titular de la cartera de Justicia.
De este modo, el ministro agregó: “tengo la leve impresión de que las herramientas judiciales actuales y la forma como funciona actualmente el poder judicial no es suficientemente idóneo para dar una respuesta suficiente, seria y cierta a esas exigencias del Tratado de Escazú, pero, sobre todo, a las necesidades de una sociedad que se enfrenta a una crisis climática tan grave”.
Por su parte, Mauricio Madrigal, director de la nueva línea de énfasis en derecho ambiental de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes, afirmó que es fundamental pensar en cómo se puede mejorar la justicia ambiental en Colombia, que tiene como punto de partida el Acuerdo de Escazú, pero no es suficiente: “hay jurisdicciones propias étnicas indígenas, injusticias históricas, judicialización excesiva de los conflictos ambientales y por ello es necesario poner sobre la mesa la necesidad de una jurisdicción ambiental, que esté conformada por conocimientos especializados interdisciplinarios para que se dé una verdadera justicia ambiental”.
Derecho ambiental y academia
Así mismo, y teniendo en cuenta que el derecho ambiental cobra cada vez más fuerza y que los aportes desde la academia son fundamentales para construir país, a partir del 2023, la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes tendrá una nueva línea de investigación -que se suma a sus cuatro énfasis actuales- relacionada, precisamente, con temas de medio ambiente.
Con esta apuesta se busca desarrollar la docencia y la investigación a través de una mirada de los problemas reales, para aportar a la solución de los conflictos ambientales y transformar esas realidades. “Que las personas que integren esta línea de énfasis sientan y vivan que su investigación y conocimiento están aportando en algo ante la emergencia ambiental y climática”, explicó su director Mauricio Madrigal.
Se pretende, además, integrar conocimientos e interactuar con otros modelos, perspectivas, experiencias y enfoques para que haya interdisciplinariedad y para que sea repensado el Derecho, su función y rol ante estas emergencias.
“Es una apuesta de abrir nuevos temas en la Facultad para que internamente los estudiantes, los profesores y las personas que hacemos parte de ella aportemos a esa nueva forma de vernos en el Derecho y nos demos cuenta que estamos en un deber ético y moral ante la emergencia climática y tenemos responsabilidades ante la misma”, concluyó.
