Actuación de la Clínica Jurídica para Migrantes permite a médico cubano obtener visa como residente en Colombia.
Por: Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes.
Javier Alejandro Pupo Sánchez, uno de los usuarios de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, logró la aprobación de su visa de residente por ser padre de un menor de edad de nacionalidad colombiana. El señor Pupo es un médico de nacionalidad cubana que formaba parte, por órdenes del gobierno de su país, de una Misión Médica en Venezuela. Debido a la vulneración de sus derechos en aquel lugar, y tras recibir amenazas por parte de los gobiernos de los dos países, tuvo que huir e ingresar a Colombia de forma irregular, pues fue privado de manera injustificada de su pasaporte por parte del jefe de la misión médica para que no pudiese huir de Venezuela.
Después de llegar a Cúcuta, se dirigió a Bogotá con el fin de solicitar ayuda en Migración Colombia. Estando allí, le informaron que le darían un documento para regularizar su situación migratoria. De buena fe, firmó unos documentos que le suministraron. A los pocos días, le notificaron del acto administrativo a través del cual se decidía una deportación en su contra, argumentando que el señor Pupo había renunciado voluntariamente a las etapas del procedimiento sancionatorio que terminó en aquella decisión de deportación.
Ante esta situación, el señor Pupo decidió buscar que se dejara sin efectos ese acto administrativo y, en consecuencia, no ser deportado de Colombia, pues no le brindaron la información necesaria, no tenía conocimiento de lo que estaba firmando y por eso no podía haber estado de acuerdo con renunciar a las etapas de dicho procedimiento. Así, llegó al Consultorio Jurídico de la Universidad y a la Clínica Jurídica para Migrantes. Como estrategia de litigio para su caso, se construyó una acción de tutela por vulneración a su derecho al debido proceso administrativo y a la unidad familiar, por cuanto el señor Pupo tiene un hijo de dos años con una nacional colombiana.
La decisión de primera instancia fue favorable, el juez amparó los derechos mencionados y dejó sin efectos el acto administrativo de deportación. Adicionalmente, se presentó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues esta persona efectivamente tenía un temor fundado de volver a Cuba o a Venezuela, en donde seguramente sería sujeto a represalias por su opinión política.
Migración Colombia impugnó la decisión de primera instancia que dejaba sin efectos la sanción. Luego, el juez de segunda instancia amparó el derecho a la unidad familiar del menor de edad y ordenó iniciar nuevamente el procedimiento administrativo sancionatorio, esta vez con todas sus etapas, y respetando el debido proceso administrativo. De esa manera, se le notificó de la apertura de tal procedimiento, se presentaron los descargos solicitando una exoneración de sanción económica y la no imposición de una medida de deportación o de expulsión por parte Migración Colombia.
Varios días después, se recibió la noticia de la finalización de su procedimiento, con una exoneración de cualquier sanción. Ello permitió al señor Pupo presentar una solicitud de visa de residente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual fue aprobada días después. Logró hacerlo tras haber solicitado insistentemente un nuevo pasaporte en la Embajada de Cuba en Colombia. Ahora, cuenta con su visa de residente, puede trabajar en Colombia como médico y ha continuado con sus estudios académicos de especialización, dado que ya había hecho los trámites ante el Ministerio de Educación. Javier Pupo hoy continua con su vida y la de su familia en Colombia, sin temor a ser deportado o expulsado sin fundamento.
Desde la Clínica Jurídica para Migrantes celebramos el resultado de este caso, creemos en el Derecho como herramienta de transformación social, y seguiremos trabajando por la garantía de los derechos de la población migrante y refugiada en Colombia.
