En su mayoría, las consultas estuvieron relacionadas con acceso a salud y educación, registro de nacionalidad, regularización migratoria y refugio.
El escenario de esta nueva brigada de la Clínica Jurídica para Migrantes fue la Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini, en el barrio Lisboa, en Suba.
Estas jornadas tienen como objetivo llevar los servicios legales gratuitos que ofrece el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes a la población migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad.
En las brigadas, los estudiantes de noveno y décimo semestre que hacen parte de la Clínica brindan asistencia jurídica e información confiable sobre diferentes temas. Para ellos, el aprendizaje experiencial que adquieren al realizar este tipo de actividades les permite desarrollar no solo un conocimiento técnico en la materia, sino también una serie de habilidades blandas y sensibilidad frente a problemáticas sociales, que todo abogado necesita para el ejercicio de su práctica profesional.
No obstante, para la Clínica resulta retador brindar asistencia jurídica a la población migrante y refugiada en Colombia, como consecuencia del marco jurídico en el que opera. Tal como se ha observado en brigadas jurídicas anteriores y en el trabajo cotidiano de la Clínica, particularmente los migrantes provenientes de Venezuela enfrentan importantes obstáculos para acceder a documentación oficial en su país. Esta es una situación que también ha sido documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En tal sentido, las nuevas medidas anunciadas este año en torno a una nueva oportunidad para obtener el Permiso Especial de Permanencia o la creación del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización que permitiría trabajar, siguen siendo medidas que no permiten atender a la población más vulnerable en la medida en que tienen un límite temporal y exigen la presentación de un pasaporte con sello de ingreso. En la mayoría de los casos, se trata de requisitos de imposible cumplimiento, que restringen la posibilidad de que estas personas se integren a su país de acogida.
