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      Nueva brigada de atención a población migrante

      Las brigadas jurídicas tienen el objetivo de llevar los servicios legales gratuitos que ofrece el Consultorio Jurídico.

30/08/2019

La Clínica Jurídica para Migrantes llevó a cabo una brigada jurídica, el pasado 28 de agosto, en el SuperCADE Social de la terminal de transporte de Salitre, en Bogotá.

Allí se atendió a población migrante con vocación de permanencia en Colombia y a migrantes en tránsito hacia otros países, incluyendo a algunas personas que decidieron regresar a Venezuela por no haber encontrado mecanismos para establecerse en Colombia.

Participaron cinco estudiantes de la Clínica Jurídica, que en el transcurso de la tarde atendieron a ocho personas. Ello se debe a que la mayoría de las personas que se encontraban allí estaba en situación irregular y, frente a la imposibilidad de regularizar su estatus en Colombia con el marco normativo actual, se materializa una barrera de acceso a todos los derechos y garantías de los migrantes.

Si bien los usuarios solicitaron asesoría jurídica para acceder a servicios de salud y educación para sus hijos, varias de las personas se hallaban en búsqueda de atención humanitaria. La población migrante que llega al terminal se encuentra en una grave situación de vulnerabilidad y solicita principalmente albergue, alimentos y ropa que los proteja del frío de la ciudad.

Las brigadas jurídicas, que se realizan con una periodicidad mensual, tienen el objetivo de llevar los servicios legales gratuitos que ofrece el Consultorio Jurídico a la población migrante. Sin embargo, las últimas experiencias de la Clínica Jurídica ponen en evidencia la necesidad de articular la atención legal con el trabajo de las organizaciones y autoridades públicas que puedan responder a las necesidades más urgentes de este amplio grupo de personas en situación de vulnerabilidad. 

Los estudiantes, al atender a los usuarios, adquieren un aprendizaje experiencial que desarrolla las competencias de empatía, ética profesional, atención a población vulnerable, sentido de responsabilidad social y aplicación práctica del conocimiento jurídico adquirido en las aulas.

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