La Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, hace un llamado al Gobierno Nacional para que se integre, en el monitoreo de la deforestación, el acceso a la información como un derecho humano. Esto, ante la preocupante cifra de deforestación que en 2021 llegó a 174.000 hectáreas, 70 % de estas concentrada en la Amazonía, según estadísticas de la Fundación Gaia Amazonas.
“La deforestación es el principal problema ambiental que tenemos en nuestro país y la Amazonía lo está sufriendo de una manera increíble. Necesitamos unir esfuerzos para contar con información oportuna, completa, clara e incluyente”, afirma el abogado Mauricio Madrigal Pérez, director de MASP.
La Clínica destaca que la deforestación se produce, entre otras cosas, por la praderización con fines de acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos, prácticas ilegales de ganadería extensiva y la construcción de rutas de acceso e infraestructura no autorizada; situaciones que pueden convertir los bosques en focos de emisión de gases de efecto invernadero y que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Medio Ambiente, representan un 31.8 % de las emisiones en el país.
Sumado a estas problemáticas, la Clínica Jurídica MASP de la Facultad de Derecho Uniandes resalta que, en Colombia, la falta de acceso a la información ambiental sobre deforestación y la promulgación de normas regresivas, dificultan la claridad sobre el estado actual del país en esta materia y, por consecuencia, la generación de investigación y medidas correctivas.
“Hacemos un llamado al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) respecto a la tardanza en sus deberes de publicar de manera oportuna los boletines de deforestación y a desmitificar concepciones erróneas para temas fundamentales como el Acuerdo de Escazú, por ejemplo”, destaca Mauricio Madrigal.
Esta situación se suma a la demanda de nulidad interpuesta por el MASP ante el Consejo de Estado contra la Resolución 110 de 2022, la cual flexibiliza el proceso de sustraer territorios de áreas protegidas. Situación de alta preocupación para los miembros de la Clínica en la medida que, según explican, en lugar de ampliar las posibilidades de preservación, posibilita la reducción de las mismas y, por consecuencia, la ampliación de espacios deforestados.
Cambio climático: la principal amenaza para la garantía de los derechos humanos
Por lo anterior, y a partir de la referencia frente a la deforestación hecha por el Presidente de la República ante la ONU en días anteriores, los miembros de la Clínica Jurídica consideran que “hay que llamar la atención sobre otros temas relacionados con el cambio climático y el modo en que la política pública e internacional de este Gobierno deben abordarlo. La complejidad del cambio climático encierra, además, una grave amenaza a los derechos humanos”, agrega Madrigal.
Por eso, MASP viene trabajado, desde hace varios años, en el desarrollo de actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, la prevención de conflictos ambientales y la garantía de derechos humanos, bioculturales, a la salud y a un ambiente sano. Además, ha promovido intervenciones judiciales, conceptos y solicitudes, así como incidencias sociales y políticas frente a la Rama Judicial, el Legislativo y diferentes espacios de participación con los consejos locales de juventud de la capital.
