El acceso al mercado de exportaciones agrícolas colombianas a la Unión Europea (UE), el mayor importador del mundo, está amenazado por una transformación en la política europea frente a la cadena agroalimentaria, revela una investigación realizada por la experta internacional en comercio exterior, Claudia Orozco, en conjunto con estudiantes del Semillero de Investigación Derecho, Comercio y Globalización de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Dicha amenaza obedece a que el ‘Pacto Verde’ (2019) y la estrategia ‘De la granja a la mesa’ (2020), adoptados por la UE en respuesta a los retos derivados del calentamiento atmosférico y el cambio climático, prevén una transformación de la cadena agroalimentaria que incluye una drástica reducción en el uso de pesticidas químicos (50 %) y de fertilizantes (20 %), y un aumento considerable de la producción orgánica.
En la investigación, consignada en la segunda edición de la publicación digital Estudios en Derecho, Comercio y Globalización, se indica que esta situación afecta los estándares sanitarios de los productos para consumo en el mercado europeo, incluidos productos importados, y que el mayor cambio se refiere a la disminución de los límites máximos de residuos de pesticidas en alimentos.
“Hay un cambio en los reglamentos que afectan los límites máximos de residuos de plaguicidas. Eso afecta la agricultura colombiana y las exportaciones a la UE porque no les va a permitir a agricultores colombianos utilizar pesticidas que venían usando o hacerlo en la forma en la que lo venían haciendo. Decisiones que se han adoptado han afectado a pesticidas y plaguicidas que utilizaban caficultores, bananeros, productores de cacao, de aguacate y de frutas como la gulupa”, explicó Claudia Orozco, quien también es árbitro de apelación en casos de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio y experta en UE, durante el evento de lanzamiento de la investigación.
Para el profesor Juan Manuel Amaya Castro, director del Área de Derecho Internacional y del Semillero de Investigación Derecho, Comercio y Globalización de la Universidad de los Andes, “la manera en la que la UE ha adoptado estas políticas no cuadra bien con nuestra capacidad de reaccionar adecuadamente. A veces, las políticas no son del todo razonables y, en general, hay una desconexión con nuestros productores. Además, el Estado colombiano, a pesar de que ha tratado de abordar este tema de diferentes maneras a nivel internacional y nacional, no logra compensar esa falta de conexión entre nuestros mercados y nuestros productores”.
Según el académico, se trata de un problema sistémico y estructural. “Lo que hay que resolver realmente es el sistema del andamiaje institucional, de la arquitectura jurídica, que se conecte bien con la arquitectura y las instituciones técnicas y científicas para que estén muy bien enlazados diferentes eslabones en la cadena de suministro y para que el productor en Colombia sepa exactamente qué es lo que puede utilizar y qué no”.
Subrayó que, si no se entiende este problema, la estrategia actual del Gobierno nacional de incrementar y diversificar las exportaciones agrícolas a la Unión Europea se verá obstaculizada.
¿Qué se puede hacer?
La academia hace tres recomendaciones concretas para minimizar el impacto de estas medidas sanitarias de la UE en las exportaciones agrícolas colombianas. La primera, consiste en optimizar el marco institucional colombiano para consolidar conocimiento en esta área científicamente específica, compleja, de rápida evolución y ajena al conocimiento científico colombiano. Para ello, se debe centralizar el tema en una sola entidad especializada en asuntos fitosanitarios como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y evitar dispersión de la información.
Se sugiere, además, activar la cláusula de ‘Trato especial y diferenciado’ del Capítulo 5 sobre
medidas sanitarias y fitosanitarias del tratado de libre comercio Colombia-UE y solicitar -a los subcomités de medidas sanitarias y fitosanitarias y de cooperación técnica- proyectos de asistencia técnica que garanticen minimizar el impacto negativo de cambios en los límites máximos de residuos (LMR) sobre la oferta exportable colombiana. “Eso es muy importante porque cada vez que llega al mercado europeo un producto que no cumple, Colombia entra en una lista negra de todas las aduanas europeas y hace que haya mayores controles para el resto de las exportaciones”, anota Claudia Orozco.
Por último, se recomienda crear un sistema de información (incluyendo etiquetado de plaguicidas) que informe a productores y gremios sobre plaguicidas autorizados, prohibidos y sujetos a LMR en productos de exportación, en los principales mercados de destino como la Unión Europea.
