Si bien es cierto que el acceso a la justicia es un derecho humano y que la justicia misma es un servicio que el Estado debe brindar a la ciudadanía, son muchas las personas que prefieren resolver sus conflictos por cuenta propia y deciden no acudir ante un tercero o entidad para buscar una salida. Algunos de los motivos tienen que ver con la falta de confianza en las entidades y la ineficiencia del sistema, que es considerado lento en sus procesos, según el informe Justicia Cómo Vamos (2021).
Además, quienes sí deciden acudir al sistema judicial se encuentran con una barrera adicional: la dificultad para comprender los textos jurídicos que emiten los operadores de justicia. Esa falta de entendimiento está relacionada con el lenguaje que estos emplean al momento de emitir sus conceptos y decisiones.
“Hay una gran crisis de confianza en el sistema judicial y creo que uno de los problemas es que no nos hacemos entender y eso va generando una distancia entre los ciudadanos y el poder judicial. El lenguaje claro, en este sentido, es un puente para que, en definitiva, podamos ir recobrando la confianza y ser una institución que tenga más legitimidad”, opina la jueza argentina María Lorena Tula del Moral, experta en sentencias de lenguaje claro, quien en su visita a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes explicó en qué consiste el lenguaje claro, su importancia y la que podría pensarse como una nueva ‘tendencia’ en la justicia.
¿Cuándo se habla de lenguaje claro, de qué se está hablando y qué significa en la administración de justicia?
Cuando hablamos de lenguaje claro hablamos de textos que puedan ser comprensibles por parte de los destinatarios. Cuando identificamos quién será dicho destinatario, debemos utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles, desde el uso del lenguaje claro, para que la resolución, la sentencia o el documento que se haya escrito sean comprendidos por este.
Desde la importancia del poder judicial, es fundamental que las personas que reciben una decisión judicial puedan comprender porque muchas de esas resoluciones afectan derechos.
Usted es experta en sentencias de lenguaje claro. ¿Qué despertó su interés y cómo comenzó a aplicarlo?
Comenzó hace varios años, porque desde el juzgado trabajamos aplicando a todos los ejes de gestión diaria los principios de justicia abierta. En ese camino -aplicando esos principios de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas- es que me crucé con el lenguaje claro. Descubrí que existía hace muchos años, en ese momento lo hacía inconscientemente, desde todos los días de mi gestión, pero pude colocarle el título de lo que era el lenguaje claro y a partir de ahí empecé a trabajar fuertemente en todas las sentencias, en todas las resoluciones y en todo lo que es la comunicación del juzgado.
Desde hace cuánto tiempo lo viene haciendo y cómo ha sido la recepción de la gente. ¿Ha notado la diferencia?
Desde el 2015. Sí se ha notado la diferencia. Hay dos instancias: los colegas y el público en general. Al principio, los colegas estaban un poco confundidos, no entendían por qué se estaba haciendo, para ellos era muy novedoso que desde el juzgado se establecieran estos principios. Después, con el paso del tiempo, tuvo muy buena recepción, más que nada, todo lo que es la implementación en lenguaje claro.
De hecho, muchos fiscales, defensores, entre otros funcionarios públicos, nos solicitan el manual de lenguaje claro que elaboramos y nos preguntan cómo hicimos; hay mucho interés porque vemos, cada vez más, que hay mucha gente que no comprende y esto trae consecuencias, por ejemplo, que no se cumplen las resoluciones judiciales porque no las entienden. Por ello, la gente se ha dado cuenta de que le trae muchos beneficios el uso del lenguaje claro.
¿Hablar de lenguaje claro –como concepto- es claro para el común de la gente?
Dentro del mundo jurídico ya está mucho más avanzado este concepto de lenguaje claro. Creo que el desafío desde la Facultad de Derecho es llevarlo a otras facultades porque el lenguaje claro aplica a todas las disciplinas.
Veo que en América Latina ya hay un gran avance y el lenguaje claro en sí ya es reconocido y estamos en una etapa en la que hay que seguir trabajando para consolidar todos los logros que tenemos hasta ahora. Vamos por buen camino.
¿Por qué los funcionarios públicos, en general, deberían utilizar el lenguaje claro?
Usar el lenguaje claro es una obligación que tenemos los funcionarios públicos. Podemos optar por hablar claro o hablar oscuro, pero, como funcionarios públicos, creo que esa opción ya no la tenemos.
En Argentina por lo menos ya hay varias providencias y la ciudad de Buenos Aires tiene una ley que obliga a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a hablar claro.
Hay instrumentos internacionales, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya hacen referencia a esto, así que ya no es una opción sino una obligación que tenemos como parte de nuestra función pública.
¿Cómo se adecúa el lenguaje claro a la labor judicial?
Se adecúa en todos los ámbitos y gestiones que hacemos en el Juzgado. No solamente en la redacción de sentencias o resoluciones, sino en toda la comunicación del juzgado, en nuestras redes sociales, hacemos infografías para explicar –por ejemplo- una decisión judicial, hacemos videos y los publicamos en nuestro canal en YouTube, donde podemos aportar a la formación de los ciudadanos en cuestiones cívicas.
¿Cuáles son las pautas principales que se deben tener en cuenta al momento de emitirse una decisión en lenguaje claro?
Por más que hablemos claro, no dejamos de tener un lenguaje técnico-jurídico; pero, lo amoldamos con distintas herramientas para que pueda ser entendido: podemos poner glosarios, notas al pie, utilizar recursos como fotografías, mapas, entre otros recursos para facilitar la comprensión.
Del mismo modo, explicar los argumentos de una decisión de una manera clara, ordenada, con párrafos cortos, una idea por párrafo, entre otros.
Durante la visita de la jueza a la Universidad de los Andes, además de compartir sus experiencias en el conversatorio Sentencias en lenguaje claro, también desarrolló un taller con estudiantes de Derecho para que adquirieran las habilidades desde su formación y las implementen en su vida laboral. Un reto que se plantea desde la academia y que en América Latina se viene consolidando, entre otras cosas, con la creación de la Cátedra Latinoamericana de Educación Jurídica en Lenguaje Claro.
¿Cuáles han sido los logros principales del Observatorio de Lenguaje Claro que usted dirige en la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué retos tienen?
El Observatorio se creó hace año y medio. Durante este tiempo, hemos podido generar vínculos con estudiantes, con profesionales de todo el país y de otras naciones porque, como el Observatorio surgió en la pandemia, todos los encuentros son virtuales, entonces pudimos generar la posibilidad de que de otros espacios y lugares se puedan sumar a la reflexión y al intercambio de ideas.
Pudimos conformar 10 grupos de personas que tienen interés en avanzar en distintos temas de lenguaje claro, entre estos, lenguaje claro y género, lenguaje claro y derechos del consumidor, discursos jurídicos, entre otros.
También tenemos proyectos internos. Por ejemplo, este año comenzamos a dar una capacitación en posgrados, en la Especialización en Administración de Justicia, y para el año entrante implementaremos otras capacitaciones.
¿De qué manera promueve en sus clases el aprendizaje del lenguaje claro?
Creo que la mejor forma de promover es mostrando los resultados. Cuando comenzamos a implementar en el juzgado todas las iniciativas de lenguaje claro, quisimos ver si lo que estábamos haciendo tenía una buena respuesta y era bien recibido por parte de los usuarios, entonces hicimos encuestas de opinión a cada persona que participaba.
Creo que esa es la mejor respuesta que podemos mostrar para entender que necesitamos trabajar en lenguaje claro. Y creo que la participación ciudadana en el proceso de implementación del uso de lenguaje claro es fundamental.
En qué consisten dichas encuestas…
Son encuestas de calidad que incorporan varias preguntas sobre el lenguaje claro; por ejemplo, si se entendieron o no los fundamentos que fueron entregados, si fue necesaria una explicación, si se requirió ayuda después de haber recibido la citación, a quién se le solicitó y como tenemos una política de justicia abierta, publicamos todas las respuestas. Si algún indicador no es favorable, nos desafía a mejorar.
Tenemos muy en cuenta la opinión de los ciudadanos que, en definitiva, son los usuarios de nuestro sistema y trabajamos para ellos. Es nuestra función y misión.
María Lorena Tula del Moral es especialista en Administración de Justicia (UBA). Jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N. 13 de Buenos Aires y directora del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
