Un equipo investigador uniandino, liderado por el profesor Libardo José Ariza Higuera, director del Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, está trabajando con 96 líderes y lideresas de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras de varias regiones del país, con el fin de brindarles formación sobre la defensa, protección y justiciabilidad de sus derechos étnicos.
Específicamente, el trabajo se está llevando a cabo con comunidades del Chocó, Putumayo, Córdoba y Valle del Cauca y de algunas regiones del Pacífico nariñense, Urabá antioqueño, Montes de María y el norte del Cauca.
Para conocer detalles de este proyecto, financiado por Chemonics International INC Sucursal Colombia y por el Programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), entrevistamos al profesor Libardo Ariza y al investigador Mario Andrés Torres.
Específicamente, ¿cómo se hace la defensa, protección y justiciabilidad de los derechos étnicos de estas comunidades?
Mediante el impulso del diálogo de saberes para formular rutas de colaboración entre las autoridades étnicas y las de la justicia ordinaria. También, mediante el fortalecimiento de las capacidades en litigio estratégico y trabajo en redes de 96 líderes y lideresas que son autoridades étnicas, para mejorar la capacidad de movilización social y representación política de estas comunidades. Así mismo, con la representación legal de estas comunidades en varios casos de alto impacto. Para ello, el grupo de investigadores de la Facultad de Derecho busca aplicar un plan de formación en derechos étnicos, derechos al medio ambiente y el territorio, trabajo en redes y posicionamiento político. Con la información obtenida en estas jornadas de formación, identificaremos, diseñaremos y presentaremos ante los jueces de la república 18 casos que aborden, desde una perspectiva integral, las necesidades en el acceso a justicia más apremiantes de las comunidades afrocolombianas.
¿Cuál es la relevancia de este proyecto?
Las comunidades afrocolombianas han sido históricamente discriminadas en el acceso a sus derechos al autogobierno, al medio ambiente sano y la protección de su identidad cultural. La falta de acceso a justicia y la falta de mecanismos de autogobierno reconocidos por el Estado dentro de los consejos comunitarios afrocolombianos han hecho que las comunidades sean particularmente vulnerables a intervenciones por parte de privados o del Estado colombiano para realizar actividades económicas extractivas en sus territorios. Además, es evidente el abandono y/o insuficiencia estatal para protegerlos de los problemas ligados al conflicto armado, la criminalidad organizada y el narcotráfico, lo cual ha llevado a que las comunidades afrocolombianas sean no solo víctimas de la violencia, sino que las pone en una posición de extrema vulnerabilidad.
Este proyecto permite avanzar significativamente en la construcción de estrategias de litigio y de lazos entre las comunidades afrocolombianas y el Estado colombiano, lo cual es un elemento fundamental para garantizar sus derechos y hacer visibles los intereses de estas comunidades. Así mismo, este proyecto nos permite identificar, diseñar y presentar casos de litigio de alto impacto que permiten a las comunidades obtener justicia frente a los problemas jurídicos que históricamente han afectado a las comunidades afrocolombianas.
Esta iniciativa, ¿qué aportes hace a la Universidad?
Consideramos que este proyecto representa una oportunidad para la Universidad de los Andes para aportar significativamente en la protección de los derechos étnicos y la integridad cultural de las comunidades afrocolombianas.
Con este proyecto buscamos mejorar las capacidades de los consejos comunitarios afrocolombianos para encontrar y atender las necesidades más apremiantes de justicia que requieren sus comunidades.
En ese sentido, consideramos que el diálogo de saberes entre las comunidades afrocolombianas y los investigadores de la Facultad permite a la Universidad tener una relación más cercana que nos permite aprender y proteger las costumbres y la identidad cultural de estas comunidades con las que hemos trabajado.
Antecedentes
Esta es la tercera fase del proyecto, en el que se ha venido trabajado desde el 2020, con un equipo investigador de la Facultad integrado por las abogadas Rudy Amanda Hurtado, Dayana Blanco Acendra, Sabina Rodríguez Van der Hammen, Sibelys Katina Mejía Rodríguez y María Luisa Acevedo y por los abogados Mario Andrés Torres Gómez, Fernando León Tamayo Arboleda, Esteban Isaza, Mauricio Madrigal y Juan Carlos Ospina.
Para el profesor Libardo y el investigador Mario Andrés, el resultado más significativo ha sido la expedición de la Sentencia C-433 de 2021 de la Corte Constitucional de Colombia, que declara la constitucionalidad condicionada de las normas que exoneran a los miembros de las comunidades indígenas de prestar el servicio militar obligatorio y pagar la cuota de compensación militar, bajo el entendido de que estas incluyan a los miembros de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Esto significa que los miembros de los consejos comunitarios afrocolombianos se encuentran excluidos de prestar el servicio militar obligatorio.
“Esta sentencia es un paso enorme para el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrocolombianas, las cuales pueden proteger su cultura e integridad física al no tener que participar directamente del conflicto armado colombiano, especialmente en un contexto en el que las comunidades afrocolombianas han sido víctimas de la violencia y el abandono estatal que ha producido el conflicto armado colombiano”.
