Con el fin de contribuir a la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes está recorriendo las calles capitalinas.
Su propósito es brindar, sin ningún costo, servicios jurídicos integrales y especializados en la atención de las violencias por razones de sexo y género, la defensa y protección de los derechos sexuales y reproductivos y la incidencia sociopolítica.
Con la iniciativa CJ Mujeres a tu barrio, estudiantes de Derecho y profesionales voluntarias se desplazan a los barrios más vulnerables y populares de la ciudad y ofrecen servicios jurídicos, en el marco del litigio estratégico de mujer y género.
“Somos un grupo de personas interesadas en desarrollar acciones de prevención y defensa de los derechos de las mujeres y la población con orientación sexual o identidad de género diversa. Para ello, sumamos acciones con incidencia en lo público, a través de la generación de prácticas extramurales con sentido social”, explica la abogada María Fernanda Molano Giraldo, asesora de CJ Mujeres.
Todas aquellas personas y comunidades que requieran servicios jurídicos con enfoque de derechos humanos, diferenciales e interseccionales, con perspectiva de género, pueden beneficiarse recibiendo asesorías, acompañamiento y representación judicial, en los casos que lo requieran.
Recientemente, en el marco de la conmemoración del 25 N -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer-, CJ Mujeres a tu barrio visitó el barrio Las Dos Avenidas, ubicado en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital.
Para la estudiante María Carolina Melo, la experiencia fue “enriquecedora tanto en lo personal, como en lo profesional. Significó hacer el Derecho accesible para las personas vulnerables. La experiencia nos hace ser humanas y empáticas con quienes lo necesitan. En esta ocasión, se realizó con personas de estrato 3, lo cual es una apuesta interesante ya que generalmente las ayudas están saturadas en los estratos 1 y 2, por lo que se reconoce que todas las personas, independientemente de la condición socioeconómica, tenemos necesidades sociojurídicas”
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