“Escuchar a la academia y a la sociedad en general fortalece el debate democrático”, magistrada Diana Fajardo

El pasado 9 de febrero, la abogada uniandina Diana Fajardo Rivera se posesionó como nueva presidenta de la Corte Constitucional. De los nueve magistrados que integran actualmente el alto tribunal de justicia del país, tres son uniandinos, entre estos, Natalia Ángel Cabo y Alejandro Linares Cantillo.

Su designación como presidenta de esta corporación pone sobre la mesa la importancia del rol que actualmente desempeñan las mujeres en la justicia y de cómo su participación en la administración de esta se está expandiendo. 

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Es la primera vez que una abogada uniandina ocupa la Vicepresidencia y, posteriormente, la Presidencia de la Corte Constitucional, lo cual evidencia, en palabras de la magistrada Fajardo, que “la Rama Judicial ha llegado a constituirse en una importante opción profesional y de servicio para los abogados uniandinos”.

Al frente de la corporación estará durante un año, tiempo durante el cual, en el corto plazo, se definirán las grandes reformas legislativas en curso relacionadas con la paz total del actual Gobierno. 

¿En qué cambiará su rol de magistrada como presidenta de la Corte Constitucional?

Como presidenta de la Corte, debo, entre otras funciones, asumir la representación de la Corporación frente a las demás ramas, órganos y autoridades del poder público, así como frente a los particulares. Además, presidiré las sesiones y dirigiré los debates en la Sala Plena y, una vez se llegue a una decisión, debo informar oficialmente sobre sus resultados. También daré continuidad al proceso de modernización y fortalecimiento de la Corte que se ha venido desarrollando con gran empeño desde hace varias presidencias. En general, como presidenta estaré atenta a cumplir y hacer cumplir a cabalidad el reglamento y la normativa que nos rige como Corporación y, además de todo esto, continuaré con mis funciones habituales como magistrada de la Corte Constitucional. 

Durante su periodo como presidenta de la Corte (2023-2024), ¿cuáles cree que serán los grandes casos que lleguen a la Corte en materia de constitucionalidad y de tutela?

Las palabras cambios y reformas se vienen posicionando en la agenda política y social del país. Es probable entonces que algunos de esos debates lleguen a la Corte a manera de acciones de inconstitucionalidad en temas como el sistema de salud, el régimen del trabajo y la seguridad social, la búsqueda de la paz y la protección del medio ambiente, entre otros. Por el momento, puedo comunicar que la Sala Plena ha comenzado el estudio de la reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia y a la ley que otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación.
 
En materia de tutela es más difícil anticiparse a los debates que pueden surgir. Precisamente, la acción de amparo se ha venido consolidando como el gran catalizador de reclamos sociales, algunos de los cuales ni siquiera son temas visibles o presentes en la agenda pública. Por ejemplo, hace unos años no parecía un tema relevante el alquiler de vientres, pero las decisiones de tutela abrieron una discusión muy importante en este punto. 

¿Cómo ve el papel de la Corte Constitucional frente al paquete de reformas legislativas en curso relacionadas con la paz total?

La Corte cuenta con un importante recorrido en el examen de constitucionalidad de leyes y actos legislativos que han dispuesto el sometimiento a la justicia o la reincorporación a la vida civil de diversos actores armados al margen de la ley. Si el Congreso de la República llegara a avanzar en el sentido, asumiremos con responsabilidad y rigurosidad el control constitucional de la normatividad que se expida, para garantizar que se respeten los principios y derechos consagrados en la Constitución. La experiencia acumulada de la Corte y el significativo cuerpo jurisprudencial que se ha construido sobre la materia nos ayudarán en esa valiosa tarea. 

Como abogada de la Universidad de los Andes y presidenta de la Corte, y teniendo en cuenta que existe una creencia arraigada de que los abogados uniandinos no se dedican a la Rama Judicial, ¿qué cree que hace falta para que más abogadas y abogados uniandinos se decidan a ejercer su profesión en esta Rama?

El trabajo judicial para quienes tenemos una profunda vocación de servicio y pertenencia a lo público es realmente motivador y nos permite desarrollarnos plenamente tanto en lo personal como en lo profesional, lo que hace de la labor judicial una experiencia cada vez más atractiva y valiosa. 
 
Percibo que cada vez más los abogados y las abogadas uniandinas tienen una aproximación más cercana a la Rama Judicial, bien sea por las materias en que el juego de roles los ubica en esa tarea, o por el Consultorio Jurídico como primera aproximación a los estrados judiciales. Incluso, porque los y las estudiantes optan por hacer la judicatura o prácticas jurídicas en las distintas jurisdicciones y esto les permite vincularse tempranamente a la Rama judicial. Entonces, creo que reforzar la participación en estos espacios puede ser definitivo para conocer más profundamente la Rama, conectarse con la importante labor que cumple y dimensionar el inmenso servicio que se le puede prestar a nuestro país a través de ella. 

Quiero destacar que por primera vez en la Corte Constitucional tenemos tres magistrados uniandinos, dos de los cuales son mujeres y que por primera vez una abogada uniandina ha llegado a ocupar la Vicepresidencia y luego la Presidencia de la Corte Constitucional, lo cual evidencia que para los abogados uniandinos la Rama Judicial ha llegado a constituirse en una importante opción profesional y de servicio, incluso para las mujeres que hemos podido acceder a las más altas dignidades e incluso en un momento corto pero sustantivo constituir la mayoría de integrantes de la Sala Plena. 

Quizás el camino que hemos recorrido algunos de los egresados de la Universidad de los Andes en la Rama Judicial motive y comprometa a las nuevas generaciones de uniandinos.

En una frase… ¿Qué cualidades debe tener un abogado o una abogada que quiera ser magistrado/a de la Corte Constitucional?

Integridad, un sólido conocimiento jurídico, sensibilidad ante los problemas y dinámicas sociales y la apertura para escuchar y aprender constantemente. 

¿Qué colaboración le pediría la Corte Constitucional a la academia? 

Sugeriría un diálogo por un pragmatismo consciente, en el que la tranquilidad y la capacidad de la academia interactúen más frecuentemente con la intensidad y las limitaciones que afronta la administración de justicia e incluso, en un momento corto, pero sustantivo, construir de manera conjunta salidas realizables a los retos que plantea un país litigioso como el nuestro.

Y una mayor participación cuando se abren espacios de intervención en los procesos que estudia la Corte. Escuchar a la academia y a la sociedad en general fortalece el debate democrático y enriquece la deliberación al interior de la Corporación.