“Es necesario hacer todo un proceso de pedagogía entre la población en general para evitar mensajes equívocos de que esto se trata de impunidad o excarcelación”, fue uno de los principales llamados de académicos al Gobierno nacional respecto al proyecto de ley con el cual busca reformar el sistema penal y penitenciario del país, durante el foro Humanización de la política criminal, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en el marco de los conversatorios Derecho y Coyuntura, dirigidos por la decana Eleonora Lozano Rodríguez.
Para el profesor Manuel Iturralde, director del área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Facultad, el proyecto de ley va en la dirección correcta; aunque considera que le falta evidencia empírica y cálculos de resultados esperados para sustentarlo. “Si no se tienen datos de la realidad en la cual pretende incidir, no se sabe cómo la va a afectar. Debería tener una medición o un estimado de cómo va a impactar esa política criminal. Además, un elemento que falta ser más elaborado por el Gobierno, como parte de una política integral, es cómo va a hacer en términos presupuestales para que los resultados esperados se puedan hacer realidad. Nos gustaría que nos lo explicaran”.
En su opinión, muchas de las críticas que se le han hecho a la política propuesta por el Gobierno, relacionadas con el temor que ha surgido en la ciudadanía de sentirse desprotegida o de que su seguridad se vea afectada, derivan, precisamente, de esa falta de pedagogía. “El Gobierno necesita explicarle mucho mejor a la gente por qué esa política no se trata simplemente de soltar personas que han cometido delitos a la calle, sino que, realmente, está enfocada en lograr un menor nivel de reincidencia y uno mayor de prevención de comisión de delitos”.
Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió una vez más la tesis de que no se trata de un proyecto de ley que busca la excarcelación, sino que, por el contrario, tiene el potencial de aumentar la seguridad y disminuir los índices de reincidencia.
“El proyecto que hemos presentado al Congreso tiende a darle un uso racional y moderno al sistema penal y penitenciario, de tal modo que las personas que hayan sido condenadas, cuando recuperen su libertad, tengan mucho menos riesgo de cometer delitos del que tenían antes. En ese sentido, coopera con la seguridad ciudadana, fortalece esa posibilidad de que cuando nos vemos en la calle con una persona que estuvo en la cárcel, no tengamos el pánico de que vamos a ser víctimas de delitos, sino que es una persona que superó un proceso de resocialización y que está teniendo ya su trabajo, sus relaciones familiares y que su pasado ya quedó superado”, explicó.
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Procesos de resocialización obsoletos
Durante el encuentro, también se destacaron algunas de las actuales fallas del sistema penitenciario.
“¿Qué hacer con las personas que salen bajo la modalidad de libertad condicional o detención domiciliaria? ¿Quién las va a supervisar? ¿Cómo mejorar los mecanismos de rehabilitación que hay en las cárceles? La inmensa mayoría de programas de resocialización que hay en las cárceles no sirven absolutamente para nada”, anotó el profesor Iturralde, experto en el sistema penitenciario.
Agregó que falta un compromiso ciudadano, de la sociedad civil y de las empresas para que existan programas de resocialización que permitan a la población pospenada tener oportunidades dignas de empleo. “Al proyecto de ley sí le falta mucho en ese sentido de qué vamos a hacer con esas personas”.
Además, dejó sobre la mesa la inquietud de cuál va a ser la inyección presupuestal o de cómo será fortalecido el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), encargado de la rehabilitación de las personas que están presas.
También, hizo énfasis en la urgencia que existe de reducir los índices actuales de hacinamiento. “Las cárceles colombianas son indignas para cualquier ser humano. No funcionan, desde ningún punto de vista sirven, ni para prevenir el delito, ni para resocializar a las personas, ni para disuadir a quienes cometen delitos; es una institución totalmente fallida”.
Por lo anterior, argumentó que sí es necesaria una política consistente que lleve a una reducción gradual y sostenida de aquella población carcelaria que no debería estar en la cárcel. “Todo lo resolvemos con delitos y todo delito tiene que terminar en la cárcel y creo que aquí también falta pedagogía. Que un delito o la responsabilidad penal no terminen en la cárcel, eso no es impunidad. Hay muchos mecanismos alternativos a la privación de la libertad intramural que constituyen formas de responsabilización penal. Esto también creo que hay que explicárselo mucho mejor a la sociedad”.
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