Comunicación abierta de los y las estudiantes del Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes
Los y las estudiantes del Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes nos dirigimos a la opinión pública y la comunidad universitaria del país, con el fin de manifestar nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia que vienen ocurriendo desde el 28 de abril.
Estamos convencidos de que la comunidad académica es un agente de transformación social que tiene la responsabilidad de reflexionar sobre las contingencias que sobrevivimos como sociedad. La actual situación que coloca en riesgo los derechos de movilización social requiere de una reflexión sobre la centralidad de la protesta dentro del estado social de derecho que nos rige. La universidad, además reúne una pluralidad de posiciones y expresiones sobre la realidad del país que debemos mantener a través de las movilizaciones y el diálogo público. Como comunidad no podemos entonces permanecer indiferentes frente a dolor que padecen las colombianas y colombianos que deciden movilizarse.
Por esa razón, resulta indispensable que las aulas de clase sean espacios seguros de conversación y diálogo desde la tolerancia y el respeto a la diversidad de pensamiento y de opinión. En el marco de nuestras actividades docentes propiciaremos estos diálogos y la reflexión abierta a los clamores sociales que nos reúnen. Igualmente, los estudiantes tienen derecho a expresarse libremente a través de todos los medios posibles, incluso las plataformas virtuales donde se dictan las clases, preservando el respeto y evitando la promoción de discursos de odio, expresiones discriminatorias o que inciten a la violencia.
La protesta social es una expresión de la democracia. Su ejercicio exige un deber de protección a cargo del Estado, incluso en un escenario crítico de salud pública como el actual. Por esa razón, rechazamos rotundamente la violencia que se ha registrado, el uso desproporcional de la fuerza por parte de la policía y la militarización como respuesta a las protestas. Las 24 personas fallecidas y las 87 personas desaparecidas que se registran al 3 de mayo, de acuerdo con la información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son una evidencia clara de la necesidad urgente de parar la violencia y la arbitrariedad pensando en un futuro social común. Nos prestamos para ser actores que faciliten el necesario y urgente diálogo clamado en la movilización social.
Hacemos también un llamado a las autoridades administrativas y a la fuerza pública para que aseguren el respeto de los derechos y libertades constitucionales. En este sentido, es necesario que rindan cuentas sobre sus actuaciones durante los últimos días y que adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas que participan pacíficamente de las protestas, así como de aquellas que generan hechos de violencia y que deben ser llevadas ante una autoridad bajo garantías del debido proceso judicial, para determinar su juzgamiento y sanción.
Agradecemos y apoyamos a las y los estudiantes y profesionales del derecho que han asesorado jurídicamente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y rechazamos la estigmatización de su labor. Toda persona tiene derecho al debido proceso y a contar con defensa técnica. Las y los profesionales del derecho cumplimos una labor de contención de la arbitrariedad indispensable en una sociedad democrática.
Será el diálogo reflexivo y no la indiferencia, la que permita encontrar los caminos de encause de los reclamos sociales. Encontrar las oportunidades en medio de la actual crisis es un asunto de todas y todos.
Los abajo firmantes,
Estudiantes del Doctorado en Derecho
