La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ha puesto al servicio de la comunidad una herramienta con la que busca contribuir a la protección de los derechos de la población migrante y refugiada en Colombia, especialmente de nacionalidad venezolana.
Se trata de la Bitácora Jurisprudencial de la Migración, que recoge y estudia, en 52 fichas de análisis jurisprudencial, los pronunciamientos sobre los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional de Colombia y de una selección de decisiones adoptadas por jueces de instancia del Estado colombiano, actuando como jueces de tutela, sobre la protección de estos derechos.
Contiene tres categorías de análisis. La primera, corresponde a violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, en la que se abordan pronunciamientos sobre derechos laborales, derecho a la salud y a la seguridad social. La segunda, tiene que ver con violaciones a los derechos humanos asociadas a la condición migratoria. En esta, fueron consideradas las decisiones sobre el derecho al debido proceso y a la nacionalidad. La tercera categoría está relacionada con violaciones a los derechos humanos asociadas a la criminalidad organizada, que también aborda los pronunciamientos sobre la trata de personas.
El proyecto estuvo a cargo de las profesoras y cofundadoras de la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes, Carolina Moreno Velásquez y Gracy Pelacani, y de la abogada y politóloga uniandina Lina María Moya Ortiz, integrante del Semillero de Investigación en Derecho y Migración en Colombia de esta misma Universidad, como parte del programa Conectando Caminos por los Derechos, implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA ROLI, Freedom House e Internews.
“La bitácora derivó en una publicación estándar en pdf que recoge todas las fichas. También hicimos un mapa mental y una página web. La idea es que se pueda acceder de tres maneras diferentes, en el entendido de que, dependiendo de lo que se está buscando y de la necesidad que se tiene, se puede facilitar dicha búsqueda en cualquiera de esas tres rutas”, explica la profesora Gracy Pelacani, directora del Semillero de Investigación en Derecho y Migración en Colombia de la Universidad de los Andes.
Este recurso está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas, academia, centros de pensamiento, consultorios y clínicas jurídicas, jueces, funcionarios públicos y, en general, personas que, en Colombia y en América Latina, trabajan para defender los derechos de la población migrante y refugiada.
“Buscamos que la bitácora tenga un efecto replicador en la comunidad, facilitando su lectura, comprensión, apropiación y consumo de la información. El conocimiento que se produce en la Universidad debe ser un conocimiento con propósito, con impacto y una forma de relacionarse con el contexto y de buscar transformarlo y creo que la bitácora es un ejemplo muy claro de eso”, anota la profesora Carolina Moreno.
Cada ficha jurisprudencial brinda un resumen de cada sentencia e incluye: temas, subtemas, hechos, pronunciamientos de instancia, reglas jurisprudenciales, decisiones y, según el caso, hace mención de otras sentencias que se estén citando en el mismo pronunciamiento.
De acuerdo con Gracy Pelacani, “es una herramienta muy ágil, que permite ahorrar tiempo. La búsqueda ya está hecha. No había algo como esto. No existe en el panorama colombiano una herramienta que haga eso”.
“Si partimos del supuesto de que Colombia es un país profundamente desigual y que el Derecho debe ser un instrumento para cerrar esas brechas de desigualdad, y que el hecho de que la población más vulnerable pueda conocer sus derechos y ejercerlos, esta bitácora ayuda a superar esas barreras. Creo que ofrecer instrumentos como estos, que acercan al conocimiento legal a las distintas poblaciones, en este caso migrante y refugiada, le hace un aporte a la construcción de país y a la transformación de la sociedad”, concluye Carolina Moreno.
Esta es una de las iniciativas en las cuales profesoras y profesores de la Facultad de Derecho reciben financiación externa para su desarrollo, con apoyo del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cijus).
