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  • Facultativa 2023-20: Derecho penal internacional
    Facultativa 2023-20: Derecho penal internacional
CódigoProfesor/aHorarioCréditosModalidad
 DERE-3406 Farid Samir Benavides VanegasMartes y viernes, 8:00 a 9:203Presencial

 

Descripción:

El derecho penal internacional se ocupa de investigar y sancionar a los individuos por la comisión de crímenes internacionales, cuando el Estado no ha tenido la voluntad o la capacidad de hacer justicia.  Desde la creación del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg se discute acerca de la necesidad de contar con un sistema de justicia internacional que garantice que los graves crímenes que afectan a la humanidad como un todo sean debidamente castigados y que ningún lugar en el mundo pueda ser considerado como un refugio para los autores de este tipo de crímenes.  Antes del Tribunal de Nuremberg no se reconocía la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales, pero sí la del Estado por la violación de los tratados internacionales. Como consecuencia de los conflictos armados de la década del noventa, en Ruanda y el territorio de la antigua Yugoslavia, se crearon dos tribunales penales internacionales ad-hoc que supusieron un estímulo para el desarrollo del derecho penal internacional.  Pero es con la creación de la Corte Penal Internacional en 1998 que el campo se afianza y se convierte en un referente para tener en cuenta en los procesos transicionales, como el colombiano.  

En este curso nos ocuparemos de los problemas centrales del derecho penal internacional, lo que tocan con la definición de los crímenes internacionales, así como cuestiones como los fines de la pena en este marco, la historia de los tribunales, las cuestiones de competencia, etc.  Es importante tener en cuenta que el DPI es la respuesta punitiva de la comunidad internacional frente a graves crímenes, con instrumentos que son más propios del derecho doméstico, como es el derecho penal.  En medio de todo esto está la cuestión de la soberanía estatal y la necesidad de tener en cuenta la capacidad del derecho penal y de sus instrumentos para hacer frente a las transiciones políticas y a crímenes de una gravedad tal, como son los de genocidio o los crímenes de lesa humanidad.